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El SMI ha resuelto 602 asuntos mediante un proceso de mediación durante 2016

14 de junio de 2017

El SMI ha resuelto 602 asuntos mediante un proceso de mediación durante 2016

El Servicio de Mediación Intrajudicial del Gobierno vasco ha presentado estos días su memoria de actividad en el ámbito Penal durante el año 2016. Los datos estadísticos reflejan la consolidación del SMI como vía para el abordaje restaurativo de las controversias, a pesar de que se observa un descenso de su carga de trabajo, con una ligera disminución de los asuntos derivados y atendidos.

Así, el SMI ha tramitado este año un total de 1.414 expedientes, 1.231 derivados durante este año por los órganos judiciales y 226 que provienen de años anteriores, aún pendientes de resolución. Se han cerrado 1.171 asuntos, de los cuales el 51% (602 asuntos) se han resuelto mediante un proceso de mediación, habiéndose alcanzado un acuerdo en un 78% de los asuntos. Por el contrario, el 48% restante (569 asuntos) se han cerrado sin que haya concurrido la mediación.

Los datos revelan un descenso en el cómputo de derivaciones de los juzgados y tribunales, 1.231 asuntos derivados frente a los 1.443 del año pasado, descenso que, en gran medida, viene motivado por la supresión de las faltas del Código Penal, infracción penal que hasta entonces representaba un alto porcentaje de asuntos derivados.

La iniciativa de la derivación continúa recayendo en exclusiva en los órganos judiciales, a pesar de que se observa un tímido ascenso en la iniciativa de las partes. Por el contrario, persiste la ausencia de iniciativa de la Fiscalía, circunstancia paradójica si se tiene en cuenta que su propio Estatuto Orgánico le confiere expresamente la labor de defensa de las víctimas y que la mediación, según certifican los estudios internacionales, propicia escenarios especialmente favorables para las mismas. Sería deseable un cambio de inercia, una actitud proactiva de la Fiscalía a la hora de informar a las personas víctimas sobre los Servicios de Justicia Restaurativa y de promocionar la mediación en aquellas causas en las que concurren los requisitos normativos, en la línea del impulso inequívoco que viene prestando a la conformidad penal.

Servicio de Atención a la Víctima

En línea con lo anteriormente expuesto, el Servicio de Atención a la Víctima (SAV) está llamado a convertirse en uno de los principales valedores de la justicia restaurativa en la defensa de la víctima, propósito que se desprende de la ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito4 y del Protocolo de derivación al SMI firmado por ambos Servicios y que articula dichas derivaciones. Deviene necesario continuar trabajando conjuntamente para que en los próximos años la coordinación entre ambos servicios redunde en una mejora de la atención prestada a la ciudadanía en general y a las víctimas del delito en particular.

La memoria muestra un aumento de derivaciones en el Territorio Histórico de Álava – 256 asuntos- y una disminución en los de Bizkaia – 785 asuntos- y, especialmente, de Gipuzkoa -190 asuntos-. En Araba, destaca la participación de los juzgados de instrucción de Vitoria-Gasteiz (especialmente el número 1, con 135 derivaciones) y la escasa incidencia de los juzgados de lo penal y de los juzgados de Amurrio. En Bizkaia, salvo en el partido judicial de Bilbao, con un descenso apreciable de derivaciones y con un número importante de órganos judiciales que no derivan, continúa la situación favorable de los últimos años, con una buena participación de los juzgados de los diferentes partidos judiciales. En Gipuzkoa se observa un fuerte retroceso de las derivaciones, especialmente en los partidos judiciales de Donostia e Irun lo que, a falta de un análisis más pormenorizado y sin perjuicio de otras posibles variables, podría resultar reflejo de la disparidad de criterios actualmente existente entre la judicatura y la fiscalía de ese territorio acerca de los requisitos exigibles para la articulación de procesos restaurativos.

Como dato favorable cabe destacar que el 61% de las derivaciones se producen en la fase de instrucción y el 40% restante en la fase de enjuiciamiento, derivaciones tempranas que, en todo caso, favorecen la óptima gestión del conflicto y la reducción de gastos resultantes del proceso. No se producen derivaciones en la fase de ejecución, a pesar de la relevante virtualidad de esta última fase del proceso para el desarrollo de procesos restaurativos, especialmente para el abordaje restaurativo en delitos graves. El tiempo transcurrido desde la comisión del hecho delictivo hasta el dictado de una sentencia condenatoria en este tipo de infracciones posibilita un periodo de reflexión en la persona victimizada y en la persona condenada que, en no pocos casos, permiten un abordaje sosegado de la responsabilidad y la gestión de las consecuencias derivadas.

A tal efecto, instituciones propias de la fase de ejecución como la suspensión ordinaria (art. 80.1 y 2 CP) y la suspensión sustitutiva de condena (art. 80.3 CP) atribuyen especial importancia para su aplicación a la reparación del daño o al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de un proceso de mediación (art. 84 CP). El derecho penitenciario ofrece igualmente previsiones normativas para residenciar la incidencia de los acuerdos restaurativos alcanzados en la ejecución de la pena, tales como los permisos de salida (art. 47.2 de la LOGP), las progresiones de grado (art. 72 LOPG), la aplicación del régimen general de cumplimiento (art. 36.2 del CP), la supresión o disminución de las sanciones disciplinarias (art. 256 del Reglamento Penitenciario) y, en especial, la obtención de la libertad condicional (arts. 90-92 CP).

En cuanto a las tipologías delictivas derivadas, y a diferencia de la práctica comparada, fundamentalmente de los países anglosajones, hay que lamentar la escasa confianza de los operadores jurídicos del Estado y, por extensión, de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre su capacidad para gestionar ilícitos de mayor reproche penal. En este sentido, destacan sobremanera en las derivaciones al SMI los delitos leves (un 81%) frente a los delitos menos graves y graves, a pesar de que la revisión de las investigaciones realizadas permite superar prejuicios como el de suponer que el campo de la justicia restaurativa debiera circunscribirse al ámbito de las infracciones leves, constándose evidencias de su mayor eficacia en delitos de mayor gravedad. A pesar de ello, es apreciable el aumento de derivaciones por parte de las Audiencias Provinciales de los tres Territorios Históricos y, por tanto, el fomento de la mediación en los hechos de mayor gravedad.

Este año 2016 se han cerrado 602 casos a través de la mediación, un 37% de los cuales se resuelve con un proceso de mediación directa y un 62% con un proceso de mediación indirecta. El empleo de una u otra modalidad responde a cuál es la mejor respuesta restaurativa en un determinado caso o en un determinado contexto.

Mediación directa e indirecta

La diferencia más sustantiva entre la mediación directa y la indirecta reside en el modo en que interactúan las personas participantes en el proceso restaurativo. Mientras que en la mediación directa se produce un diálogo directo entre las personas, en la indirecta desaparece el contacto directo físico y se produce una interacción indirecta a través de diversas formas de comunicación (medio escrito, audiovisual). La mediación indirecta está indicada en situaciones de desequilibrio de poder entre las personas participantes o donde el diálogo presencial es rechazado para evitar la identificación visual (en caso de inexistencia de relación interpersonal previa) o por limitación de recursos personales para abordar un diálogo presencial.

No obstante, sin perjuicio de la virtualidad de ambas herramientas según las circunstancias del caso, existen diferencias de enfoque entre ambas, pues si bien en la mediación directa se prioriza el diálogo frente al acuerdo, la indirecta está enfocada, en general, al acuerdo más que al proceso.

La exigencia del contexto jurídico de una inmediatez en la respuesta y la identificación del acuerdo como principal indicador de éxito de un programa restaurativo constituyen criterios que inhiben el desarrollo adecuado de los programas, aumentando el riesgo de la deriva del programa hacia meras conformidades y alejándose así de los estándares internacionales.

En el 78% de los asuntos cerrados con mediación (474 asuntos) se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, destacando en este apartado los acuerdos de carácter ético (reconocimiento de responsabilidades principalmente de la persona denunciada o reflexiones verbalizadas relativas a lo inadecuado del comportamiento desarrollado; identificación y lamento por los daños causados; y traslado y/o aceptación de disculpas) y los de carácter conductual (modificación en el comportamiento de las personas tendente a mejorar su problemática en relación al conflicto originado).

En cuanto al resultado de los acuerdos, los datos muestran un cumplimiento mayoritario de los acuerdos de mediación lo que refleja el compromiso de las personas con la palabra dada, máxime en contextos de voluntariedad en la participación, como son los procesos restaurativos, que conducen al cumplimiento mayoritario de las acciones y compromisos adquiridos por las personas participantes, a diferencia de las dificultades experimentadas por los órganos judiciales para la ejecución de las responsabilidades civiles acordadas por sentencia.

De los datos de la memoria cabe extraer asimismo que con frecuencia, en nuestra práctica procesal, los comportamientos postdelictivos positivos de carácter reparador realizados a favor de la persona denunciante carecen de relevancia punitiva real en la determinación individualizada de la pena. Cuando el esfuerzo reparador realizado y la satisfacción de la víctima no son merecedores de reconocimiento penológico ninguno por parte del Ministerio Fiscal o, de serlo, en la variante simple de la atenuante de reparación del daño, la pena resultante coincide, en gran medida, con la que hubiera resultado de no haber concurrido dicho esfuerzo reparador y satisfacción (aplicación de la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito). De esta forma, se está enviando un mensaje que transmite la irrelevancia de los comportamientos postdelictivos positivos cuando, al contrario, es necesario promover mensajes que fomenten las conductas de autoresponsabilización activa y de reparación del daño como algo valioso o positivo para la justicia penal. Resulta de justicia, por tanto, un reconocimiento con eficacia penológica apreciable al esfuerzo reparador de las partes, diferenciada de la derivada de la mera conformidad alcanzada en sala por los operadores jurídicos.

En el 21% de los asuntos cerrados con mediación (128 asuntos) las personas participantes no han alcanzado un acuerdo, siendo los principales motivos de desacuerdo de las partes los motivos materiales (diferencias económicas entre las partes relativas a reparaciones monetarias o patrimoniales) y los éticos (ausencia de iniciativas de reconocimiento de la responsabilidad de las personas participantes en el desarrollo de los hechos denunciados, de lo inadecuado del comportamiento desarrollado y/o de ofrecimiento de disculpas).

En el 48% de los de asuntos cerrados, 569 asuntos, no se ha producido el proceso de mediación destacando en este apartado la decisión de no participar adoptada por las partes.

Finalmente, cabe destacar que este año 2016 los órganos judiciales han derivado al SMI a 2.870 personas, 1.007 mujeres y 1.863 hombres (en un 74% con una relación interpersonal previa al conflicto) de las cuales 1.475 personas han participado en un proceso de mediación, datos que evidencian la magnitud que año tras año está adquiriendo el SMI.

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