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Comienza una nueva temporada de workshops en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati

06 de abril de 2017

Esta semana da comienzo el programa de workshops del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Se van a celebrar un total de 15 reuniones científicas, en las que se tratarán temas de gran actualidad, como la mediación, las consecuencias legales del cambio climático, la negociación colectiva y el derecho laboral, los cibercrímenes, la desaparición forzada de personas, los procesos constituyentes en América Latina o las sentencias feministas, entre muchos otros. Además, a mediados de julio se celebrará un curso de verano dedicado a la crisis de las profesiones jurídicas en un mundo en transformación, enmarcado dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco.

Si algo caracteriza a los workshop de Oñati es su amplia internacionalización. Cada semana, académicos de todo el mundo de contrastado prestigio se desplazan hasta el IISJ para participar en el programa de reuniones. Pero no podemos obviar que muchos de estos investigadores proceden de universidades de nuestro entorno. Y lo mismo ocurre con los directores de varias de estas reuniones, dedicadas a analizar temas que afectan especialmente a Euskadi.

Analizando la limitación de derechos fundamentales de ex delincuentes

El primer workshop de la temporada estará dedicado a analizar las restricciones de derechos fundamentales a las que se enfrentan muchos criminales, una vez han cumplido la sentencia que les ha sido impuesta. Sonja Meijer, profesora de la Vrije Universiteit Amsterdam, será la encargada de dirigir este seminario, que lleva por título “Comparative Perspectives on the Law and Practice of Limiting Offenders in Fundamental Rights Beyond Their Sentence”.

Aunque pueda parecer que los delincuentes, una vez han cumplido su sentencia, recuperan el estatus legal que tenían antes de ingresar en prisión, la realidad demuestra que su situación es mucho más compleja. En muchos países europeos, los ex convictos ven sus derechos fundamentales restringidos aunque hayan recuperado la libertad. Estas restricciones pueden venir impuestas por ley, por un tribunal o una autoridad administrativa.

En el contexto actual, los Estados se ven presionados para proteger a la sociedad, a la vez que deben rehabilitar a las personas que abandonan las prisiones. En numerosas ocasiones, prefieren imponer restricciones a los criminales que han finalizado su condena, para reducir los riesgos y prevenir el posible daño a los ciudadanos. Sin embargo, estas personas que recuperan su libertad tienen derecho a una rehabilitación completa.

Entre estas medidas coercitivas, se puede destacar, por ejemplo, que sus huellas dactilares permanecen digitalizadas en una base de datos, o han tenido que dar datos personales como su dirección a la policía. Incluso en los casos más extremos, los criminales por delitos sexuales o delitos violentos pueden ver su libertad de movimiento limitada de por vida. La legislación hoy en día cambia a pasos agigantados, y se está detectando la implantación de cada vez más restricciones.

Los 16 académicos procedentes de Alemania, Australia, España, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Suiza que se van a dar cita durante dos días en la Antigua Universidad de Oñati tienen como objetivo mejorar la legalidad de las decisiones relacionadas con el diseño y la imposición de restricciones de los derechos fundamentales de los criminales, una vez han cumplido su sentencia.

Para ello van a realizar una aproximación doble. Por una parte, pretenden identificar los principios que afectan a estas limitaciones de derechos para, a continuación, realizar una comparación internacional de la legislación y la aplicación práctica de las restricciones que sufren los ex prisioneros, como restricciones de empleo, educación, libertad de movimiento, de acceso a una vivienda, privacidad y/o inmigración.

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