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Administración de Justicia en Euskadi

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Qué son las tasas judiciales

Desde el 1 de abril de 2013, los usuarios y usuarias de la Administración de Justicia están obligados a pagar un tributo por el uso de este servicio público. Las tasas judiciales tienen que abonarlas tanto las personas físicas como las jurídicas en determinados supuestos y su pago está regulado por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 

Información sobre las tasas judiciales:

Las tasas judiciales

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Qué son las tasas judiciales

Son un tributo que deben abonar tanto las personas físicas como jurídicas en determinados supuestos por acudir a los tribunales y hacer uso de la Administración de Justicia. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas es quien se encarga de gestionarlas desde su entrada en vigor el 1 de abril de 2013.

Es un tributo estatal, por lo que debe abonarse en todo el territorio nacional. Además, si el proceso se desarrolla en alguna Comunidad Autónoma que en el ejercicio de sus competencias financieras tenga aprobada alguna otra tasa autonómica, también se deberá abonar dicha tasa.

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Quién tiene que abonarlas

Todas las personas físicas o jurídicas que quieran interponer una demanda o un recurso en el orden civil, contencioso-administrativo o social (supuestos previstos en el art. 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre). Estas tasas no se aplican al orden jurisdiccional penal ni al militar.

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Quién está exento

Las personas están exentas del pago de las tasas judiciales en determinados supuestos:

  • Cuando se interpongan demandas o recursos relacionados con procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores. No obstante, si el proceso se inicia de mutuo acuerdo o con el consentimiento de la otra parte, sí habrán de abonarse aunque haya menores de por medio.
  • Si se interponen demandas o recursos relacionados con la protección de derechos fundamentales y libertadas públicas o contra la actuación de la Administración electoral.
  • Cuando la persona deudora solicite el concurso voluntario de acreedores.
  • Si el personal funcionario interpone un recurso contencioso-administrativo en defensa de sus derechos estatutarios. La exención será del 60% en caso de recurso de apelación o casación.
  • Cuando se inicie un proceso monitorio o un juicio verbal para reclamar una cantidad que no supere los 2.000 euros.
  • Si se interpone un recurso en caso de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
  • En caso de que se interponga una demanda para la ejecución de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
  • Si la persona que administra un concurso de acreedores inicia determinadas acciones en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil.
  • Cuando se quiera dividir judicialmente un patrimonio, siempre que no haya oposición o controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes.

Además, no tendrán que abonar las tasas judiciales las siguientes personas y entidades:

  • Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, siempre que acrediten los requisitos.
  • El Ministerio Fiscal.
  • La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.
  • Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

En el orden social, la persona trabajadora (sea por cuenta ajena o autónoma) tendrá una exención del 60% en la tasa cuando interponga un recurso de suplicación o de casación.

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Cómo se abona una tasa judicial y cómo se solicita su devolución

El pago de la tasa debe realizarse antes de iniciar cualquiera de los procedimientos en los que la Ley 10/2012 de 20 de noviembre considera obligatorio el abono del tributo (supuestos previstos en el art. 2).

La presentación de ambos modelos (696 y 695) debe hacerse obligatoriamente a través de Internet si quien debe abonar la tasa es:

  • Una persona o entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
  • Alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
  • Una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada.

En el resto de los casos se puede optar por tramitar los formularios por Internet o imprimirlos y hacer la gestión a través cualquier Entidad Colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativos de Crédito) o Entidad de depósito que presta el servicio de caja en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.

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Cómo se calculan las tasas judiciales

La cuantía de las tasas judiciales es la suma de una cuota fija y de una variable, que cambia en función del coste del procedimiento.

La cuota fija de las tasas judiciales según el procedimiento se puede consultar en las siguientes tablas:

Cuota fija en el orden jurisdiccional civil
Modalidad Importe (€)
Verbal y cambiario
Ordinario
Monitorio, monitorio europeo y demanda Incidental en el proceso concursal
Ejecución Extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales
Concurso necesario
Apelación
Casación y extraordinario por infracción procesal
150 €
300 €
100 €
200 €
200 €
800 €
1.200 €

Cuota fija en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
Modalidad Importe (€)
Abreviado
Ordinario
Apelación
Casación
200 €
350 €
800 €
1.200 €

Cuota fija en el orden jurisdiccional social
Modalidad Importe (€)
Suplicación
Casación
500 €
750 €

Para determinar la cuota variable hay que tener en cuenta el coste del procedimiento y quién se encarga de iniciar el proceso.

  • Si es una persona jurídica la que inicia el procedimiento y los costes del mismo no superan el millón de euros, la cuota variable de la tasa judicial será del 0,5% del total. En el resto de cantidades, será del 0,25% (hasta una cantidad máxima de 10.000 euros).
  • Si es una persona física la que inicia el procedimiento, la cuota variable de la tasa judicial será del 0,10% de la base imponible, independientemente del coste que tenga el proceso (hasta una cantidad máxima de 2.000 euros).

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