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Administración de Justicia en Euskadi

Justizia Administrazioa Euskadin - Administración de Justicia en Euskadi
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Servicio de Atención a la Víctima

Nuestra labor contra la violencia doméstica

Para que la persona que está siendo víctima de la violencia doméstica, la eficacia de la Orden de Protección depende en buena medida del desarrollo de instrumentos de colaboración y coordinación que permitan dar una adecuada respuesta a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra.

En este sentido son varios los protocolos de coordinación firmados entre las administraciones competentes en la CAV, tanto a nivel judicial, social y penitenciario.

Por acuerdo del Gobierno Vasco de fecha 9 de diciembre de 2003, se crearon en la CAV los Centros de Coordinación de la Orden de Protección, residenciados en los Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito, que entre otras funciones tienen la de coordinar las medidas de asistencia y protección social y la de informar y derivar a la víctima a los recursos y ayudas sociales existentes.

Las funciones del Centro de Coordinación son las siguientes:

  • Recibe las órdenes de protección dictadas por las y los jueces y, una vez haber atendido a la víctima, en función de las demandas detectadas y, siempre con su consentimiento, activa en el menor plazo de tiempo posible las ayudas económicas o asistenciales requeridas, en coordinación con los servicios sociales existentes en la comunidad.
  • Se interesa por el cumplimiento de la medida penal acordada en la orden de protección y, en caso de incumplimiento, informa al Juzgado correspondiente para la adopción de las medidas oportunas.
  • Informa permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado, así como del alcance y vigencia de las medidas cautelares. A estos efectos, el Juzgado que acuerde la orden de protección, comunica por escrito a este servicio, tanto la propia existencia de la orden, como las diferentes variaciones que se produzcan en la situación procesal del imputado, incluida la fase de ejecución de la pena.
  • Remite informe al Juzgado sobre el cumplimiento de las medidas penales acordadas y los recursos asistenciales o sociales tramitados.
  • Elabora una estadística, en la que se refleje el número de órdenes de protección que reciban y las medidas adoptadas, sin ninguna mención a datos de carácter personal.